Cierre del gobierno federal pondría en riesgo el empleo de 750,000 trabajadores

El reloj avanza hacia la medianoche en el Congreso de Estados Unidos y, de no alcanzarse un acuerdo presupuestario, el país enfrentará un nuevo cierre del gobierno federal, una situación que amenaza con dejar sin empleo temporal a aproximadamente 750,000 trabajadores federales cada día. La estimación fue publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), que advierte sobre el fuerte impacto económico y social que generaría la paralización gubernamental.

¿Qué significa un “shutdown”?

Un cierre del gobierno ocurre cuando el Congreso y la Casa Blanca no logran aprobar a tiempo los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias que financian a las agencias federales. Sin esos fondos, la mayoría de las operaciones se detienen y miles de empleados son enviados a “furlough” (licencia sin paga), mientras que solo continúan trabajando los servicios esenciales, como la defensa nacional, la seguridad en aeropuertos, el sistema penitenciario y el control de desastres.

En los cierres anteriores, una vez resuelto el impasse político, los trabajadores recibieron el pago retroactivo por los días no laborados. Sin embargo, ese alivio no elimina la tensión financiera inmediata que sufren cientos de miles de familias, que se ven obligadas a enfrentar semanas de incertidumbre sin ingresos garantizados.

Impacto laboral y económico

La cifra de 750,000 empleados representa aproximadamente un tercio de la fuerza laboral federal. Según la CBO, este volumen de trabajadores inactivos tiene un efecto dominó en la economía:

• Se reduce el consumo de bienes y servicios en las comunidades donde residen los empleados afectados.

• Los pequeños negocios cercanos a oficinas federales pierden clientela.

• Se atrasan proyectos de infraestructura, investigación científica y programas sociales.

Además, el cierre afecta la confianza de los mercados y puede influir en la calificación crediticia del país, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando la incertidumbre política provocó advertencias de las agencias de rating.

Consecuencias sociales

Más allá de lo económico, la paralización gubernamental tiene un costo social directo. Programas de asistencia como el apoyo alimentario, subsidios de vivienda y procesos de inmigración sufren retrasos significativos. Familias de bajos recursos que dependen de estos servicios se convierten en las más vulnerables.

De igual manera, estudiantes, veteranos y comunidades rurales pueden experimentar interrupciones en programas federales que complementan su seguridad y bienestar.

Un problema recurrente

El escenario de un cierre del gobierno no es nuevo en la historia reciente de Estados Unidos. El más prolongado ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando se mantuvo inactivo durante 35 días, generando pérdidas estimadas en más de 11,000 millones de dólares.

La recurrencia de estas crisis presupuestarias refleja la profunda polarización política en Washington, donde los desacuerdos sobre gasto público, recortes fiscales y programas prioritarios impiden acuerdos a tiempo.

Lo que está en juego

Si no se logra un consenso, el cierre no solo representará un reto administrativo, sino también una señal de fragilidad política frente a la ciudadanía y a los mercados internacionales. El costo humano inmediato —las 750,000 familias afectadas— es quizás la cara más visible de un problema que, en esencia, revela la dificultad de gobernar en un ambiente marcado por la confrontación partidista.

El país se encuentra así ante un punto crítico: o se alcanza un acuerdo que asegure la continuidad de las operaciones federales, o millones de estadounidenses volverán a vivir el peso de una parálisis que amenaza con repetir los fantasmas de cierres anteriores.