Tribunal Supremo de EE. UU. bloquea normas de California sobre notificación a padres en casos de identidad de género en escuelas públicas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este lunes, en una votación 6-3 dividida en líneas ideológicas, impedir que el estado de California aplique ciertas normas que restringen cuándo las escuelas pueden notificar a los padres si un estudiante se identifica como transgénero y que exigen a los maestros utilizar el pronombre preferido del menor.

La decisión permite que entre en vigor el fallo de un juez federal que dio la razón a un grupo de padres que se oponen a la política por motivos religiosos. Previamente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, había suspendido esa determinación mientras continuaba el litigio.

El máximo foro centró su análisis en el argumento de los padres bajo la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda de la Constitución. En una opinión sin firma, el tribunal sostuvo que los demandantes “probablemente tendrán éxito en los méritos de su reclamación bajo la cláusula de libre ejercicio”, al considerar que poseen creencias religiosas sinceras sobre el sexo y el género y que entienden que tienen la obligación religiosa de criar a sus hijos conforme a esas convicciones.

No obstante, el Supremo no concedió una solicitud similar presentada por maestros que también objetaron la política.

Las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra. Kagan criticó que la mayoría emitiera la decisión sin celebrar argumentos orales ni dedicar más tiempo al análisis de lo que describió como una cuestión jurídica novedosa. Señaló además el uso del llamado “shadow docket” —mecanismo de decisiones de emergencia— que ha sido objeto de escrutinio, especialmente en fallos recientes relacionados con la administración del presidente Donald Trump.

“Actualmente, el Tribunal recibe informes escasos e inadecuados sobre los asuntos en disputa. No celebra argumentos orales ni delibera en conferencia como dictan los procedimientos regulares. Considera la solicitud en cuestión de semanas y luego concede el remedio mediante una resolución breve diseñada para resolver de forma concluyente la controversia”, expresó Kagan en su disenso.

Los demandantes sostienen que diversas políticas, incluidas guías emitidas por el Departamento de Educación de California en 2016 y por la oficina del fiscal general en 2024, vulneran su derecho a dirigir la educación de sus hijos. Entre sus argumentos, citan una decisión del Tribunal Supremo del año pasado que favoreció a padres religiosos que objetaron la aprobación de libros con temática LGBTQ en salones de escuela elemental.

Según los abogados de los padres, California obliga a las escuelas públicas a ocultar a los propios padres la identidad de género expresada por sus hijos y a facilitar la llamada “transición social” incluso frente a objeciones explícitas de los progenitores.

Por su parte, los abogados del estado argumentan que las políticas no son tan amplias como plantean los demandantes y que el fallo del juez federal fue más abarcador de lo necesario. Señalan que, bajo las leyes estatales y disposiciones constitucionales sobre privacidad y antidiscriminación, las escuelas pueden equilibrar los intereses de los padres con las necesidades y circunstancias particulares de los estudiantes, como el riesgo de daño si se divulga la identidad de género sin consentimiento del menor.

Las normas permiten la divulgación a los padres en ciertas circunstancias y la limitan en otras. La guía de 2024 establece específicamente que cualquier política de “divulgación forzada” que exija notificar a los padres sobre la identidad de género en todos los casos viola la ley estatal contra la discriminación y el derecho del estudiante a la privacidad. Estas directrices aplican, por ejemplo, a estudiantes que solicitan a los administradores el uso de pronombres distintos a los asignados al nacer.

El caso reabre el debate nacional sobre el alcance de la autoridad parental, la libertad religiosa y las políticas escolares en torno a la identidad de género, un tema que continúa generando intensas discusiones en los tribunales y en la esfera pública.